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El pasado 31 de diciembre se reportó un caso de niño quemado con pólvora en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca. Se presume que el hecho tiene alguna relación con el descuido de sus padres.

Inicialmente, el menor fue remitido a la Unidad Funcional del Hospital de la Samaritana, donde recibió los primeros auxilios. Posteriormente, fue remitido al Hospital de la Misericordia. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tomó potestad del caso para iniciar una investigación en la que se develen las causas del incidente.

Edgard Leonardo Rey, coordinador del Hospital de la Samaritana en la Unidad Funcional de Zipaquirá, dio a conocer el siguiente reporte: “Niño de dos años de edad, llevado al centro hospitalario por quemadura de pólvora en el oído derecho, es atendido en la unidad médica. Por su parte, pediatría decide referenciarlo al Hospital de la Misericordia en Bogotá, donde es aceptado”.

Cabe resaltar que el Instituto Nacional de Salud (INS), informó que el número de personas quemadas con pólvora en diciembre de 2018 fue de 625. Esta cifra representa una significativa reducción del 14,5% frente a las estadísticas del 2017, donde hubo 731 quemados.

Sin embargo, hay otro dato preocupante: de la totalidad de quemados el año pasado, 229 son menores de edad. La mayoría de lesiones fueron producidas por la manipulación de artefactos pirotécnicos, mientras otras se dieron en medio de la observación de los mismos.

Cundinamarca fue el cuarto departamento con mayor número de quemados con pólvora, siendo 26 las víctimas. Por esta razón, hoy cabe cuestionarnos sobre la eficiencia de la campaña “Cero Pólvora, Mil Sonrisas”, en la que la Gobernación de Cundinamarca dispuso firmar un acuerdo entre los alcaldes de los 116 municipios del departamento, con el fin de reducir el número de personas quemadas con pólvora durante las celebraciones de fin de año.

¿Por qué la campaña no surtió efecto? ¿No hubo suficiente presencia de las autoridades para impedir que más personas, en especial menores de edad, resultaran afectadas por laceraciones provocadas por artefactos pirotécnicos? Habría que revisar la presencia y actuación de la Policía Nacional en fechas de alto riesgo por manipulación de pólvora en el país, pues, como el mismo Código Nacional de Policía lo estipula, es competencia de esta institución intervenir situaciones de riesgo por manipulación de pólvora.

Por otra parte, no hubo ningún pronunciamiento de la Alcaldía de Zipaquirá ni del alcalde Luis Alfonso Rodríguez, quien, junto a los demás alcaldes de Cundinamarca, respaldó la campaña de la Gobernación “Cero Pólvora, Mil Sonrisas”.

Estas y otras preguntas son las que nos quedan ante la irrevocable realidad de las víctimas, representadas en el caso del menor de dos años, cuyo presunto descuido por parte de sus padres terminó en una lesión alarmante.

¿Debería el Estado regular o prohibir definitivamente el uso de la pólvora en festividades navideñas o de fin de año? ¿Hará falta una medida restrictiva radical para evitar que más colombianos sean víctimas de la pirotecnia mal manejada?