El Post Conflicto: una relación entre pasado y no futuro

Editorial
El Colombiano

Corría el año de 1989, el país vive en medio de la incertidumbre de las amenazas, los hechos violentos que desfiguraba un estado construido en medio del dolor, el llanto, la violencia, la desaparición forzosa, el éxodo de campesinos y las temibles amenazas que se cernían en un ambiente contaminado por el narcotráfico.

Presenciamos en 1985 la toma del Palacio de Justicia, que 27 horas después, había culminado un saldo de muerte y dolor en muchas familias de magistrados, funcionarios y empleados que llevó a una indignación social que difícilmente podía ser acallada pero, que tarareaba en secreto un dolor impronunciable.

Posteriormente, el 17 de diciembre de 1986, se encontró en los titulares de los diarios oficiales, el triste asesinato del director del diario El espectador, Guillermo Cano Isaza, quien fue víctima fatal de sicarios al servicio del narcotráfico por haberse atrevido a denunciar los crímenes cometidos por el Cartel de Medellín y su líder, Pablo Escobar. Sin embargo, la prensa no calló, uno de los diarios más importantes del país, después del dolor, se levantó al día siguiente y se levantó hasta que en la madrugada del 2 de septiembre de 1989, fue blanco de un atentado terrorista del cartel de Medellín. Una bomba destruiría las instalaciones físicas, pero no desmoronó el espíritu de los profesionales que con máquina en mano o desde el exilio seguían denunciando, escribiendo y objetando.

Consecutivamente, se presenció la partida de varios líderes del movimiento Unión Patriótica, que nació en la clandestinidad, pero que fue borrado del ámbito nacional porque uno a uno sus miembros fueron asesinados en un genocidio que para el año 2014 sería declarado como delito de lesa humanidad, al concluir que se trató de un plan por parte de sectores políticos tradicionales, en alianza con agentes de seguridad del estado, narcotraficantes y paramilitares, para impedir que estos movimientos de izquierda ascendieran en la política colombiana.

Y vivieron, lloraron y sufrieron el asesinato de Carlos Pizarro León Gomez, de Luis Carlos Galán, de Jaime Garzón, de Rodrigo Lara Bonilla, el secuestro de un avión, el asesinato vil de Diana Turbay, las masacres en Bojayá, El Aro, Mapiripán, El Salado y los falsos positivos. Pero llegó el año 2016 y en diciembre se aprobó el acuerdo de paz que alcanzaba el Presidente Juan Manuel Santos con las FARC.

Con el Acuerdo, nace una nueva ilusión que albergaba en los corazones de los colombianos, acostumbrados al odio, la guerra y la destrucción, la esperanza de un verdadero cambio, la ventana al progreso y a la libertad.
Sin embargo, dos años después presenciamos como Colombia siempre ha estado fraccionada, sigue siendo vulnerable y es víctima de sus propios pecados. El derecho, la verdad y la legitimidad están en la cuerda floja. El Estado y el Ejército tienen las manos untadas, los partidos políticos se dividen y polarizan la opinión pública generando más odios y resentimientos con consecuencias nefastas.

Personajes oscuros pero reconocidos públicamente concentran el poder en sus manos, manipulan, desorientan, contraatacan, plantean reformar la Constitución para volver más dóciles las normas y más flexibles los castigos. Laxitud conveniente cuando las familias que han gobernado nuestro territorio deben ocultar que, en su afán por perpetuar el poder, han atacado la legalidad y han estado detrás, como protagonistas intelectuales, morales y presenciales de 50 años de crímenes e injusticias.


Nadie sabe a ciencia cierta qué más se esconde tras los telones del poder, pero la realidad es que sin verdad no hay justicia, que la corrupción conduce inexorablemente a que Colombia vuelva a pisar las huellas de su pasado potenciando un conflicto que no tiene fin.

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